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El gobierno nacional declaró el estado de emergencia agropecuaria en diversas zonas rurales de Mendoza que sufrieron severas pérdidas económicas. Las contingencias climáticas registradas durante el ciclo productivo afectaron a fincas de 16 departamentos mendocinos, lo que motivó la intervención de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
La medida fue ratificada este miércoles mediante la publicación de la Resolución 765/2026 en el Boletín Oficial, bajo la firma del ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa homologa las disposiciones previas del Gobierno y extiende sus efectos hasta el 31 de marzo de 2027.
La resolución ministerial discrimina el impacto según el nivel de pérdidas constatado en los cultivos de las zonas bajo riego. De acuerdo con el marco legal vigente, se establece la condición de emergencia agropecuaria para aquellos establecimientos rurales que posean un daño certificado de entre el 50% y el 79% en su capacidad de producción.
El texto dictamina el estado de desastre agropecuario para las propiedades que presenten mermas iguales o superiores al 80%. El período de cobertura fijado por las autoridades reconoce los perjuicios ocasionados por las heladas tardías a partir del 1 de diciembre de 2025, en tanto que los siniestros por granizo se contabilizan desde el 1 de enero de 2026.
Las regiones Centro, Zona Este, Zona Norte y Zona Sur de Mendoza contienen distritos incluidos en la normativa. Entre las comunas afectadas se encuentran San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Junín, Rivadavia, San Martín, Las Heras, Lavalle y Maipú, donde la actividad agrícola sufrió el impacto de las tormentas y heladas.
Ya en febrero, el Gobierno de Mendoza había declarado el estado de emergencia agropecuaria y de desastre en distintos departamentos de la provincia como consecuencia de las heladas y tormentas de granizo que afectaron a los cultivos durante el ciclo agrícola 2025/2026. La decisión busca asistir a productores que vieron seriamente afectada su producción por los eventos climáticos extremos.
A partir de la oficialización de la medida en el territorio, los productores damnificados podrán acceder a las herramientas de asistencia previstas en la Ley Nacional 26.509. Las disposiciones obligan a las instituciones bancarias oficiales y mixtas, junto con los organismos recaudadores, a implementar planes de contingencia climática para el sector afectado.
Entre las principales acciones contempladas en el texto legal figuran la prórroga del vencimiento de las obligaciones fiscales y la exención temporal de ciertos tributos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será el ente encargado de instrumentar los mecanismos de alivio fiscal correspondientes para los contribuyentes de las áreas delimitadas.
Asimismo, el Banco de la Nación Argentina y demás entidades financieras asociadas deberán unificar criterios para otorgar refinanciaciones de deudas preexistentes. También se prevé la apertura de líneas de crédito con tasas subsidiadas destinadas a la recomposición del capital de trabajo y la continuidad de las tareas en las fincas mendocinas.
Fuente: Diario UNO
