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En la carta documento enviada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, el municipio alvearense afirma que la intimación remitida por San Rafael es “improcedente, falaz y maliciosa”, y asegura que carece de sustento legal y fáctico.
El escrito remarca que el Gasoducto Sur Provincia de Mendoza, también denominado Proyecto Gas Andes–San Rafael, fue concebido y ejecutado con financiamiento nacional y con una finalidad pública regional, destinada a ampliar el acceso al servicio de gas natural tanto para los habitantes de San Rafael como de General Alvear.
En ese sentido, General Alvear sostiene que San Rafael no puede atribuirse facultades exclusivas sobre una infraestructura costeada con recursos públicos nacionales y orientada al beneficio de toda la región.
Además, el documento enfatiza que la Municipalidad de San Rafael “no realizó afectación ni desembolso alguno de presupuesto propio” para la concreción de la obra, limitando su intervención a los procesos licitatorios destinados a seleccionar la empresa contratista.
La respuesta legal también rechaza cualquier acusación de enriquecimiento sin causa o de aprovechamiento indebido por parte de General Alvear. Por el contrario, advierte que si San Rafael intentara avanzar con su pretensión, ello implicaría “una indebida apropiación de facultades y beneficios derivados de una obra pública de carácter regional”, lo que el escrito califica como “un enriquecimiento indebido, escandaloso y sin precedentes en nuestro territorio nacional”.
En paralelo, el Ejecutivo municipal difundió un comunicado político bajo el título “Alvear rechaza la extorsión de San Rafael”, en el que aseguró que defenderá el patrimonio de los vecinos y que no permitirá que “el frío o los servicios básicos sean utilizados como rehenes de una disputa política o una venganza electoral”.
La controversia entre ambos municipios se intensifica en torno a una obra estratégica para el sur mendocino y anticipa un conflicto que continuará por la vía institucional y judicial.
