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Tal como le prometió al FMI, el gobierno de Javier Milei avanza a paso firme con el plan de privatizar la mayor cantidad de empresas públicas. Con ese propósito, esta semana convirtieron a Ferrocarriles Argentinos en Sociedad Anónima, y lo mismo hicieron con la Administración General de Puertos, Fabricaciones Militares y el sistema de medios públicos --Télam incluído--, entre otras. El primer paquete incluye en total a unas once empresas. De esa forma, en paralelo a las “reformas estructurales”, con las que el oficialismo buscará avanzar en el Congreso durante el 2026 --reforma laboral, penal, tributaria y más adelante también una reforma previsional--, apuntará los cañones a una nueva era privatizadora.
La mirada oficialista está puesta en cerrar este 2025 con el terreno allanado para cumplir con su plan privatizador. La Inspección General de Justicia (IGJ), que conduce Daniel Vítolo, terminó esta semana el proceso de convertir todas las Sociedades del Estado Nacional en Sociedades Anónimas “comunes y corrientes”, para dejarlas listas para el proceso privatizador.
El trabajo de la IGJ estuvo enfocado en asistir a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que conduce Diego Chaher, y que está dentro de la órbita del Ministerio de Economía. Ellos, ahora, son los que seguirán con el camino del desguace y venta del patrimonio estatal.
Según confirmaron desde la IGJ, en el paquete de empresas que pasaron de ser Sociedades del Estado Nacional a ser Sociedades Anónimas están: La Administración de Infraestructura Ferroviaria; la Administración General de Puertos; Contenidos Públicos; Edu.Ar; La Empresa Argentina de Navegación Aérea; Fabricaciones Militares; La Operadora Ferroviaria; Radio y Televisión Argentina; La Casa de Moneda; Télam y la última que concretaron: Ferrocarriles Argentinos.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que está a cargo de Diego Chaher, figura bajo la órbita del Ministerio de Economía, que conduce Luis “Toto” Caputo desde julio del año pasado. En ese momento, Javier Milei decidió firmar un decreto con una reestructuración del gabinete y quitar esa área de la Jefatura de Gabinete. El plan fue dársela a Caputo y empoderarlo dejando en sus manos la futura privatización de las empresas públicas.
Una vez finalizado el trabajo de la IGJ, ahora el proceso de privatización quedará en manos del ministerio de Economía. El desguace y venta de las empresas estatales, sin embargo, no será la primera tarea que lleve adelante Diego Chaher en el gobierno de Milei. Con anterioridad el rionegrino se desempeñó como interventor de Télam.
Lo que hizo la IGJ, en tanto, fue asistir a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para convertir todas las sociedades del Estado en S.A, de acuerdo a lo que dispuso al comienzo de la gestión de La Libertad Avanza el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
De esa forma, las sociedades quedarán sujetas, según dicen desde el oficialismo, “a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550″. Es decir, explicaron a este diario desde el gobierno “en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna”.
El objetivo, a partir de ahora, será avanzar con las privatizaciones que ya fueron aprobadas por el Congreso mediante la sanción de la Ley Bases, pero también desguazar --mediante distintos vericuetos legales, como el que hizo la IGJ-- las empresas para las que el gobierno no tuvo el visto bueno del parlamento.
Fuente: Página 12
