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El proyecto de ley aprobado busca declarar la emergencia en discapacidad en Argentina hasta diciembre de 2027, introduciendo una serie de medidas con el objetivo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Entre las principales propuestas se incluyen el aumento de las pensiones no contributivas por discapacidad y una actualización mensual automática de los aranceles de los prestadores de servicios (como centros de día, hogares, terapistas, y transportistas). También se propone la regularización de deudas fiscales y sociales de los prestadores, así como el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La ley tiene un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI). Las pensiones no contributivas por discapacidad pasarán a equivaler al 70% del haber mínimo jubilatorio, con la posibilidad de incrementos adicionales dependiendo de la invalidez laboral o la zona geográfica desfavorable. Además, se contempla un sistema de actualización automática de los aranceles de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual. Esta actualización busca mitigar los efectos de la inflación sobre las prestaciones y los salarios de los trabajadores que prestan servicios a las personas con discapacidad.
¿Qué problemas denunciaron los legisladores?
El principal tema en discusión fue el sistema de pensiones por discapacidad, que muchos legisladores consideran desactualizado y con una estructura ineficiente. El diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), presidente de la Comisión de Discapacidad, resaltó que las pensiones y los aranceles quedaron rezagados frente a la inflación, afectando a millones de personas con discapacidad que no tienen acceso a servicios adecuados. Además, denunció que, en los últimos años, el Gobierno implementó medidas que generan confusión y angustia entre los beneficiarios, como la imposición de nuevos requisitos y auditorías burocráticas que, según Arroyo, no respetan las normativas internacionales de derechos humanos.
¿Qué opinan los diputados que están en contra de la medida?
Los legisladores de La Libertad Avanza criticaron la ley y cuestionaron la falta de claridad sobre el financiamiento, alertando sobre el impacto que podría tener en el déficit fiscal del país. La diputada Emilia Orozco (UCR) acusó al kirchnerismo de haber “utilizado la discapacidad como un negocio político”, mientras que el diputado Santiago Pauli (LLA) señaló que la emergencia debería ser un tema urgente desde hace años y no algo para justificar políticas clientelistas. Además, hubo fuertes críticas a la forma en que se otorgaron las pensiones en los últimos años, sugiriendo que muchas de ellas no están justificadas por diagnósticos válidos.
¿Cuáles son las críticas al manejo del sistema de discapacidad?
El diputado Martín Maquieyra (PRO) acusó a los gobiernos previos de haber generado un descalabro en el sistema de discapacidad, criticando la falta de actualización en los nomencladores y la falta de respuesta a las necesidades del sector durante años. Otros diputados, como Carla Carrizo (UCR), lamentaron que las emergencias sean cada vez más frecuentes, subrayando la necesidad de un cambio estructural en lugar de depender de medidas de emergencia a largo plazo. A pesar de las críticas, todos coincidieron en que la situación de las personas con discapacidad es crítica y necesita atención urgente.
El proyecto de ley aprobado pasará al Senado para su revisión y sanción final. La fecha de vencimiento de la emergencia está estipulada hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque podría ser prorrogada.
De ser aprobada, la ley marcará un cambio importante en las políticas públicas relacionadas con la discapacidad, aunque su implementación y el financiamiento de las medidas siguen siendo un tema de debate.
Las propuestas de actualización de pensiones y servicios, así como la creación de mecanismos de financiamiento para la ANDIS, deben materializarse en los próximos meses, pero el oficialismo advirtió sobre los riesgos fiscales que podría acarrear una medida de estas características sin una adecuada planificación financiera.
Además, los reclamos de la sociedad civil y las organizaciones de personas con discapacidad seguirán presionando para que las medidas sean efectivas y no solo una respuesta temporal a la crisis actual.
