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Tras el feriado extralargo, los diputados conocerán el texto modificado del proyecto de reforma del Código de Procedimientos Mineros para votarlo este mismo miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados. Al menos en eso quedaron una semana atrás.
Los cambios tienen que ver con los acuerdos logrados con parte de la oposición y el sector empresario para que el proyecto obtuviese despacho la semana pasada: la permanencia del Consejo Minero, aunque con funciones renovadas; y limitaciones a la actuación de Impulsa Mendoza, la sociedad anónima estatal, en los casos de vacancia de licitaciones o caducidad de permisos.
Con estas modificaciones que quedaron en el borrador de comisión, más otras que pudiesen surgir sobre la marcha, el proyecto se encamina a recibir media sanción esta misma semana y pasar al Senado.
Uno de los principales cuestionamientos que llegó desde la Unión Industrial de Mendoza fue sobre el rol de Impulsa S.A., la empresa estatal que según el proyecto original tiene una especie de derecho de preferencia en casos de caducidad, liberación de áreas ocupadas por derechos mineros o declaración de minas vacantes; o la potestad de volverlas al circuito con un nuevo llamado a licitación.
Los empresarios se reunieron en su momento con la ministra de Energía Jimena Latorre para expresarle sus reparos pero las posiciones se fueron acercando con el correr del tiempo. Hoy por hoy, si bien el ojo sigue puesto en los superpoderes que se le dan a la empresa estatal creada en el Gobierno de Rodolfo Suarez, hay cierto consenso general para avanzar en ese sentido.
El otro cuestionamiento fue la eliminación del Consejo Minero, un órgano consultivo creado por la Ley N°3.790 que es derogada en el proyecto de reforma.
Los empresarios señalaron en los encuentros con el oficialismo que ese órgano es de importancia porque está compuesto por profesionales en la materia como geólogos, ingenieros y abogados; lo que acaba resultando en una especie de garantía para los inversores.
Al igual que el Partido Verde, pidieron su permanencia y la misma fue acordada con el Ejecutivo aunque, sin dudas, no tendrá las mismas funciones que tenía hasta hoy porque lo que consideran en el Ministerio de Energía y Minería es que se han visto desdibujadas en los últimos tiempos.
Lo que se acordó es que el Consejo Minero aparezca recién en la segunda instancia del proceso, como un consultor del Ejecutivo que ejercerá la autoridad en ese momento.
En el último plenario de comisiones, se dejó armadito un borrador con algunos de estos cambios y un listado de más pedidos que serán evaluados hasta último momento.
"El texto se trabajará hasta antes de la votación", explicó a Diario UNO Emanuel Fugazzotto, diputado del Partido Verde que encabezó el reclamo de modificaciones.
"El miércoles veremos el proyecto con las modificaciones porque no lo han pasado aún", reafirmó la diputada del PJ, Natalia Vicencio.
Después del tratamiento del proyecto de reforma en comisiones, la Cámara Argentina de Empresas Mineras emitió un comunicado respaldando "las acciones llevadas a cabo por la provincia de Mendoza en su encomiable esfuerzo por reactivar la industria minera".
"Destacamos la intención expresada de optimizar la administración de los recursos mineros, así como transparentar y modernizar los trámites relacionados con la inscripción y concesión minera", dijeron en la página oficial y destacaron que, como eje de la gestión en todas las etapas de la actividad minera el foco esté puesto en la sostenibilidad y la participación ciudadana.
El comunicado de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.
"CAEM reafirma su compromiso con el desarrollo de la minería en Argentina de manera responsable y respetuosa con el medio ambiente y las comunidades locales. Continuaremos trabajando en colaboración con las autoridades provinciales y todos los actores relevantes en aquellas acciones que promuevan la industria minera sustentable, que contribuya al crecimiento económico y bienestar de nuestro país", expresaron los empresarios nacionales.
En ese sentido se manifestó también el presidente de la Cámara de empresarios mineros de Mendoza, Raúl Rodríguez: "El Código de Minería establece que la minería es una actividad que goza del carácter de utilidad pública, requiriendo al Estado no solo regularla, sino también promoverla.
Es esencial que los organismos pertinentes no sólo promuevan sino también, informen sobre los beneficios y la coexistencia ambiental de la minería moderna", dijo en sus redes sociales.
"La generación de condiciones para obtener la licencia social no debe ser solo responsabilidad de los particulares, sino una tarea fundamental del Estado en colaboración con la comunidad local", expresó poniendo el eje en función estatal.
Fuente: Diario UNO
